POR HORUS La Columna
En Chihuahua hay historias que parecen expedientes laborales… hasta que comienzan a desfilar apellidos políticos, abogados reciclados y funcionarios públicos en escenas que deberían pertenecer únicamente a tribunales laborales y no a una mezcla extraña entre desalojo empresarial, conflicto de intereses y novela de intriga burocrática.
La más reciente joya del surrealismo local gira en torno a la empresa de seguridad privada Cerbero AXIU, donde lo que inició como un conflicto laboral terminó convertido en un espectáculo suficientemente confuso como para que nadie entienda exactamente quién manda, quién cobra, quién desaloja y quién protege a quién.
Según la información difundida, el inmueble de la empresa habría sido desalojado pese a que presuntamente no pertenece a quienes ejecutaron la acción. Documentación privada, empleados y personal administrativo fueron sacados del lugar en medio de tensión, reclamos y la llegada de elementos policiacos para evitar que aquello terminara en un ring laboral patrocinado por la burocracia estatal.
Y aquí es donde la historia comienza a ponerse verdaderamente interesante.
Porque en medio del conflicto aparecen nada menos que Manuel Campos Galván —hermano de la gobernadora Maru Campos— y el secretario del Trabajo, licenciado Granados. Lo cual inevitablemente provoca esa incómoda pregunta que siempre surge cuando los círculos del poder aterrizan misteriosamente en asuntos privados:
¿qué hacían exactamente ahí?
Porque una cosa es mediar un conflicto laboral y otra muy distinta aparecer en un operativo donde terminan desalojando trabajadores despedidos mientras vuelan acusaciones de amenazas, incumplimientos salariales y posibles abusos laborales.
El fondo del conflicto parece originarse en la prestación de servicios de seguridad durante la Feria de Santa Rita, ese enorme escaparate donde cada año se mezclan conciertos, cerveza, negocios… y aparentemente también problemas laborales.
La propietaria de Cerbero AXIU, Andrea Domínguez, resulta además ser presidenta del Patronato de la Feria. Y ahí comienza el inevitable aroma a conflicto de interés que ya perfuma toda esta historia.
Porque según versiones de los propios afectados, empleados de seguridad habrían trabajado extensas jornadas durante el evento sin recibir remuneraciones extraordinarias por las horas adicionales laboradas. Es decir, el clásico modelo laboral mexicano de “ponte la camiseta”… aunque la nómina llegue desnuda.
El problema escaló cuando, presuntamente sin mayores explicaciones, varios trabajadores y hasta la directora de la empresa fueron despedidos tras concluir un contrato relacionado con un evento masivo.
Y como si el escenario necesitara todavía más personajes pintorescos, también aparecieron en escena abogados y operadores políticos ya conocidos por el ecosistema del conflicto permanente. Entre ellos la licenciada Baduy y Miguel Riggs, personaje que pasó de las filas panistas al neomorenismo con la facilidad ideológica de quien cambia de camiseta según el marcador electoral.
Riggs tiene además una extraña capacidad gravitacional:
donde aparece, normalmente ya hay pleito, tensión o escándalo.
Pero lo verdaderamente delicado no es el drama político. Lo preocupante es el mensaje institucional.
Porque cuando un conflicto entre particulares termina involucrando familiares del poder estatal, secretarios de gobierno y presencia policiaca, la línea entre mediación institucional y presión política comienza a desdibujarse peligrosamente.
Más aún cuando ni siquiera queda claro cuál era el acuerdo laboral original respecto a las jornadas extraordinarias durante la Feria de Santa Rita. El jurídico interno, según se dice, mantiene contratos y documentación, pero nadie ha explicado públicamente si existían cláusulas específicas de compensación, bonos o pagos adicionales por las largas horas trabajadas.
En otras palabras:
nadie sabe exactamente quién tenía razón, pero todos terminaron expulsados.
Y así, una disputa laboral terminó convertida en una postal bastante representativa del Chihuahua político contemporáneo: empresarios ligados al poder, funcionarios interviniendo en escenarios privados, abogados partidizados, empleados reclamando derechos y patrullas utilizadas para enfriar ánimos que quizá jamás debieron salirse de un escritorio de conciliación.
Lo único verdaderamente claro es que en Chihuahua los conflictos laborales ya no se resuelven solamente entre trabajadores y patrones.
Ahora también requieren apellidos influyentes, operadores políticos, escoltas, abogados mediáticos y, por supuesto, la inevitable presencia del poder público rondando discretamente donde casualmente nunca debería estar.